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La necesidad de terminar con la prohibición a la difusión de las encuestas electorales

Los recientes comicios presidenciales demostraron que la prohibición legal de difundir encuestas electorales durante 15 días antes de la elección no tiene ningún sentido, ya que la norma ha sido superada en los hechos. Esta restricción crea brechas informativas en la ciudadanía, incentiva la circulación de estudios falsos y dificulta la realización de proyecciones más precisas. En la siguiente editorial describimos las razones institucionales que tenemos para demandar a nuestros legisladores por el fin de la prohibición que afecta a quienes hoy realizan encuestas en Chile.

 

 

Por Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile

 

Como AIM Chile cerramos este ciclo electoral llenos de satisfacción por el contundente trabajo de nuestros socios, que sobresalieron no solo por lo acertado de sus proyecciones electorales, sino que también, pudieron interpretar adecuadamente el contexto que marcó este proceso democrático. Los resultados de las encuestas dan cuenta del esfuerzo de la industria de investigación de mercado y opinión pública para actualizar permanentemente sus métodos y de esta forma representar cada vez más fielmente la opinión de la ciudadanía.

Este proceso electoral además demostró claramente que la moratoria que hoy pesa sobre las encuestas no tiene ningún sentido. Se trata de “letra muerta”, que carece de vigencia, porque hasta el último minuto hubo encuestas circulando sobre preferencias presidenciales. Este es un fenómeno que no solo  ocurre en Chile, sino que en todos los países en los que existen periodos de prohibición a la circulación de encuestas. Como ya lo han advertido ESOMAR y WAPOR, una de las principales consecuencias de este tipo de medidas es que crea desigualdad en el acceso a la información, impidiendo que la ciudadanía pueda votar informada.

Junto a ello, la moratoria a las encuestas termina produciendo el efecto contrario a lo que supuestamente busca impedir. En esta línea, académicos como Magdalena Browne y Ricardo González afirman que ”La experiencia en otros países que han establecido similar prohibición muestra que ésta tiende a producir una situación peor que la que intenta prevenir. Tal como se advirtió con anterioridad en Chile, las encuestas se realizan igual, circulan rumores sobre sus resultados o, peor aún, estudios falsos intentan pasar por verdaderos. Cuando rige la prohibición, las encuestas no son de dominio público, no hay transparencia y es imposible verificar y evaluar los resultados completos de forma independiente”.

Esto quedó comprobado durante las más recientes elecciones, donde las empresas socias de AIM TuInfluyes.com, Criteria y Feedback se vieron afectadas por la circulación en redes sociales de encuestas adulteradas que simulaban ser de estas empresas. Esto no solo daña la reputación de las empresas de opinión, sino que más grave aún, busca aprovecharse del periodo de moratoria para desinformar a la ciudadanía.

Pero además de crear brechas informativas y un ambiente que incentiva la circulación de “fake news” o noticias falsas, la moratoria a las encuestas dificulta la realización y comunicación de proyecciones más precisas. Tal como lo expuso Narciso Michavila en el seminario AIM El desafío de predecir a los votantes, la semana previa a una elección ha adquirido cada vez más importancia a la hora de realizar pronósticos. Junto a ello existe evidencia de que desde hace unas décadas las personas han ido atrasando cada vez más su decisión de voto (1)(2)(3)(4).

Lo hemos dicho anteriormente, las encuestas son noticia cuando se equivocan, cuando le aciertan se entiende que están cumpliendo su deber. Es por eso por lo que hoy el foco de la industria vuelve nuevamente a los asuntos gremiales y en este sentido, el proyecto de ley que busca regular las encuestas –el cual recientemente fue aprobado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados– será una prioridad en la gestión de la Asociación para 2022.

Junto con disminuir el tiempo de moratoria a las encuestas de 15 a 4 días, este proyecto propone elevar los estándares de transparencia de las encuestas. Este es un punto que como AIM celebramos especialmente y que hemos venido impulsando desde hace tiempo. Como asociación hemos publicado una serie de recomendaciones respecto a los elementos mínimos que toda buena encuesta debe cumplir e informar y creemos que la estandarización de estos puntos es una buena noticia para la industria.

No obstante, nos preocupa que se busque establecer un organismo fiscalizador de las encuestas de opinión. Creemos que nuestro gremio ha dado sobradas garantías de que a través de la autorregulación podemos impulsar un trabajo de calidad y con ello proteger el interés público. Durante la discusión de la ley se ha propuesto que organismos como el SERVEL, el INE o el Consejo para la Transparencia (CPLT) asuman esta tarea. Consideramos que ninguno de estos organismos tiene el conocimiento técnico específico respecto a las encuestas de opinión –así lo ha reconocido el mismo INE–  y que la experiencia internacional da cuenta de que este tipo de organismos fiscalizadores tienden a ser inefectivos a la hora de juzgar qué es una encuesta de calidad y que no.

El caso chileno da cuenta de que cuando la industria, la academia y los centros de estudio trabajan en conjunto por el mejoramiento continuo de los estudios de opinión, se pueden lograr grandes avances. Los excelentes resultados obtenidos por las encuestas durante estas elecciones son sin duda  el reflejo del permanente compromiso de nuestros asociados con el desarrollo de investigaciones de calidad que contribuyan a una mejor toma de decisiones y al beneficio de la sociedad en su conjunto. Este es el camino que como asociación buscamos seguir impulsando, haciendo de la autocrítica y la colaboración, el camino hacia el perfeccionamiento permanente de nuestra actividad.

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